Río Piedras, año 2008: Edificios de uno, dos o tres pisos, despintados, viejos… Gente de pueblo en la calle… Quincallas… Personas mayores por las aceras… Dominicanos… Estudiantes de escuela pública… Pausa.

Río Piedras, año 2012: Edificios modernos de ocho pisos… Oficinas médicas… Condominios de apartamentos caros… Gente bien vestida… Estacionamientos multipisos… Áreas recreativas…

Rehabilitar y repoblar el centro urbano de Río Piedras es el objetivo principal del Proyecto Río 2012, aprobado por la Asamblea Municipal en diciembre de 2007. Los vecinos de esta comunidad reclaman que el Municipio de San Juan ha comenzado a gestionar el plan sin informarles debidamente sobre sus procedimientos.

A pesar de que la gerencia del proyecto ha expuesto sus intenciones mediante foros en la comunidad, Alejandrina Firpi Concepción, presidenta de la Asociación de Residentes de Río Piedras, comentó a Paréntesis que la audiencia no ha entendido las complejas explicaciones porque son “como para ingenieros o arquitectos”.

La obra, cuya inversión se estima entre los $300 y $400 millones, según su gerente Luis Vélez Boada, está dividida en tres fases y cada una representa la construcción de edificios en un área determinada. Tres de las cuatro zonas en donde pretenden erguir la primera fase ya eran propiedad del Municipio, lo que ha facilitado el comienzo de la construcción. Esta parte pretende crear estacionamientos multipisos en lo que fueron la Plaza de la Convalencia y el estacionamiento del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT). Al cierre de esta edición, se habían adquirido ocho propiedades de uno de los bloques designados para la creación de las viviendas y oficinas de la segunda fase.

Los costos de las nuevas residencias comienzan en los $180 mil. Para Vélez Boada, esto hará que la clase trabajadora, aquella que no recibe ayudas económicas del gobierno y que tampoco puede pagar los altos precios de muchas de las casas en San Juan, sea la que se establezca en el nuevo Río Piedras, respondiendo a una estrategia de repoblación.

Aunque los planes de desarrollo incluyen hogares de interés social, Iván Ortiz De Jesús, residente de Río Piedras hace más de 50 años, opina que sus costos serán inalcanzables para las personas de la clase social que domina hoy en Río Piedras: “Se trata de un desalojo, en el que le están diciendo a las personas, indirectamente, que se vayan porque esos nuevos apartamentos son para la gente que puede pagarlos”.

La ordenanza municipal que aprueba el proyecto autoriza la “compraventa, cesión, expropiación forzosa, entre otros” de las propiedades necesarias para proceder con el plan y muestra una lista de 151 de éstas, la mayoría en las calles Julián Blanco, Piñero, Georgetti, Monseñor Torres, Arzuaga, Vallejo y Paseo de Diego.

La intención de adquirir territorios se comunica a los propietarios a través de una carta en la que se les pide autorización para que la compañía New Star Tasadores Corp valore el precio del lugar. Firpi Concepción, especificó que las circulares que exhortan a la reubicación no precisan los costos de alquiler y otros datos necesarios para realizar los trámites de mudanza.

A pesar de que los propulsores del proyecto han comprado algunos terrenos, Ortiz De Jesús asegura que hay propietarios reacios a vender. Vélez Boada, también director del Departamento de Desarrollo Económico de San Juan, aclaró que la expropiación, poder autorizado por la Ley de Municipios Autónomos, es el último recurso a utilizarse.

Ante la posibilidad de expropiación y preocupaciones en cuanto al proceso de toma de decisiones, más de cien personas del sector eligieron en asamblea una Junta Comunitaria de 15 miembros, integrada por residentes, comerciantes, propietarios y profesionales de Río Piedras quienes recogen las inquietudes del pueblo. Una de sus quejas principales es que no se han realizado vistas públicas.

El Plan de Ordenación Territorial, producido bajo la Ley para la Revitalización de los Centros Urbanos, decreta que la creación de un plan de área, documento que establece la delimitación de un plan de rehabilitación, requiere vistas públicas. Pero Río 2012 no es un plan de área. El plan de área correspondiente al proyecto fue aprobado en 1996, momento en que se realizaron sus vistas públicas.

Sin embargo, la aplicación del Plan de Ordenación Territorial fue cuestionada por el director del Centro de Acción Urbana Comunitaria (CAUCE), Juan Giusti Cordero, quien defiende que la Junta de Planificación estableció bajo la resolución JPDT 18 de 2002 que este inciso no aplicaría a las áreas de planes y reglamentos especiales. Río Piedras cuenta con un reglamento especial, la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras de 1995, enmendada en 1999. Por esto, la regulación que exime a Río 2012 de vistas públicas por no ser un plan de área no sería vigente.

Bajo esta ley especial se creó un Grupo de Trabajo Interagencial Especial –CAUCE-, presidido por el recinto local de la UPR, para coordinar la solución a problemas en relación a la aplicación de reglamentos y leyes y la implantación del Plan de Rehabilitación de Río Piedras. La propietaria riopiedrense Zita Días Bird cree que “la UPR no está tomando acción y ha permitido que el Municipio tome las riendas de forma unilateral”.

Para escuchar los reclamos, el Municipio creó una Junta de Trabajo de 13 miembros, generalmente abogados. Ortiz De Jesús cree que ésta “no compone una representación democrática de su comunidad porque la mayoría no vive en Río Piedras”.

Concientes de la necesidad de remodelación en la ciudad universitaria, los vecinos piden ‘no expropiación’, participación y garantía. No obstante, Vélez Boada insistió en que “no vamos a otorgar una franquicia de exclusividad a ninguna entidad u organización a representar los intereses de todos los riopiedrenses”.